Una sesión legislativa conflictiva, polémica, gritos y nervios

En una nueva sesión de la Cámara de Diputados de Jujuy, se aprobaron siete leyes y otras normativas que generaron duros cruces, acusaciones mutuas entre el oficialismo y la oposición. La sesión comenzó alrededor de las 11.00, luego se hizo un extenso cuarto intermedio y finalizó cerca de las 21.00 horas.

La legislatura provincial adhirió a la «Ley Micaela», creó la “Caja Única”, aprobó la creación del sistema provincial de prevención de la tortura y tratos inhumanos, ratificó que las reservas minerales que contengan litio como será recurso natural estratégico, transfirió el Registro Público de Comercio del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, fueron algunas de las leyes y normas aprobadas.

Sin tener los votos necesarios (32), el interbloque de “Juntos por el Cambio” logró el objetivo del gobierno, avalar con una ley, el decreto remitido por el ejecutivo, encabeza Gerardo Morales, de creación del Fondo Unificado de las Cuentas de la Provincia para la administración de los fondos públicos.

La normativa permite al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda administrar y disponer a través de una cuenta única fondos pertenecientes a las 294 cuentas que todas las reparticiones y los organismos públicos poseen.

El diputado provincial Juan Manuel Esquivel, de Unidad Ciudadana, criticó al oficialismo por la ausencia “total transparencia de las cuentas públicas”, pero luego el presidente de la Comisión de Finanzas, el oficialista, Osvaldo Cuellar dijo que la deuda pública es de 38 mil millones de pesos.

Más adelante, Esquivel calificó a la ley de “Caja Única” como “una aberración legal” porque “se apropia de los fondos y de las cuentas de los otros poderes del estado y de organismos autárquicos como la recaudación del Instituto del Seguro de Jujuy, para hacer lo que le plazca. Tocará fondos que no les corresponde”.

En la 6° sesión, donde apenas participaron 40 diputados, se aprobó adherir a la Ley Nacional 27.499 denominada «Ley Micaela» establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La norma fue impulsada por el vicepresidente segundo de la Legislatura, Rubén Rivarola (PJ), y contó con la aprobación unánime de todos los bloques. En esa oportunidad las diputadas coincidieron en celebrar este paso hacia la paridad de género.

Luego se creó el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, cuyo objetivo es garantizar que todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes otorgando especial énfasis en la prevención. La autora del proyecto fue Susana Haquim del interbloque Cambiemos

Argumentó que «el Sistema Provincial de Prevención tendrá por finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de estas; reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales; y procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

Otra de las leyes aprobadas fue la 6.136 que transfiere el Registro Público de Comercio del Poder Judicial al Ejecutivo. Sobre este tema, se generó otra polémica, porque la oposición se sorprendió: la creación de un Registro Público de Comercio, que sale del ámbito del Poder Judicial y lo coloca bajo arbitrio del gobierno, con el control de Fiscalía de Estado. El mismo no figuraba en el orden del día y en la reunión de labor parlamentaria, no existía.

Posteriormente, el oficialismo presentó dos pedidos de jury. El primero contra el Fiscal General del Poder Judicial, Alejandro Ficoseco y contra el Tribunal de Cuentas, que un organismo de control del Estado Provincial. En esta situación insólita, los pedidos de enjuicimiento entraron después de haber comenzado la sesión y además no figuraban en la orden del día prevista para la sesión.

La diputada Débora Juárez Orieta afirmó que el oficialismo está incómodo con los organismos de control, por lo cual empezaron a perseguirlos con juicios políticos.

“Nos sorprendió que en el medio de la sesión un diputado de la bancada radical pida que ingrese sobre tablas dos expedientes, cuando los pedidos son juicios políticos de una ciudadana común según dice el título, al Fiscal General y a los miembros del Tribunal de Cuentas”, afirmó Javier Hinojo del bloque de legisladores justicialista.

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