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En un extenso comunicado de su cancillería, Venezuela afirmó que el pronunciamiento guyanés «constituye una provocación y atenta contra la diplomacia bolivariana de paz», y consideró «inadmisible que el nuevo gobierno de Guyana asuma esta posición con un territorio que está sujeto a controversia».
«Venezuela lamenta que una norma administrativa dirigida a organizar, mediante la asistencia de las nuevas tecnologías de información, labores cotidianas de supervisión y protección marítima, dentro del marco de su pleno ejercicio jurisdiccional y constitucional -que en nada puede afectar a la República Cooperativa de Guyana- sea aprovechada para escandalizar e intentar crear una crisis artificial, inventando situaciones irracionales contra un país hermano como Venezuela, y utilizando un lenguaje altamente ofensivo», agrega la nota.
Según la cancillería venezolana, «el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra la Venezuela bolivariana de paz, apoyada por el poderío imperial de una transnacional estadounidense, la Exxon Mobil, la cual debe ser rectificada en lo inmediato».
«Esta política de provocación inamistosa será derrotada por la propia fuerza de la realidad que se impone, por la política exterior de paz y amistad de Venezuela y por el propio pueblo de Guyana», añade el texto.
En una declaración de su cancillería, Guyana afirmó ayer que el decreto 1.787, publicado el 27 de mayo pasado en la Gaceta Oficial venezolana, es «agresivo e ilegal» y representa una «flagrante violación del derecho internacional», y advirtió que «cualquier intento» de aplicarlo «será vigorosamente resistido».
Mediante dicho decreto, firmado por el presidente Nicolás Maduro, Venezuela creó cuatro Zonas de Defensa Integral Marítima e Insulares, una de las cuales, llamada Fachada Atlántica, abarca las «áreas marinas y submarinas de la zona en reclamación».
Venezuela reclama como propia la extensión conocida como Guayana Esequiba o Territorio del Esequibo, una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados, equivalente a 74,2 por ciento de los 214.970 kilómetros cuadrados actualmente bajo soberanía guyanesa.
Desde su primera constitución, en 1811, Venezuela reivindica como propio ese territorio que, sin embargo, estaba en poder de la corona británica.
Gran Bretaña y Venezuela protagonizaron dos intentos de resolver el diferendo, que no prosperaron, y desde 1982 la cuestión quedó bajo la órbita de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En marzo de este año, la empresa estadounidense Exxon Mobil comenzó operaciones de exploración en aguas del bloque Stabroek -la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar-, que, según Venezuela, está dentro de la zona disputada.
Venezuela pidió entonces por escrito a Exxon que paralizara sus actividades en esas aguas y se retirara, y Guyana le respondió pidiendo que no interfiriera en esas tareas. Exxon, que no suspendió los trabajos, anunció el 20 de mayo pasado el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en esa área.
El 19 de mayo, en una nota de su cancillería, Venezuela saludó al nuevo presidente de Guyana, general retirado David Granger; abogó por continuar la relación bilateral «de paz y prosperidad», y le expresó su interés en «abordar» el «diferendo territorial pendiente».
«Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo; es territorio venezolano y, en consecuencia, mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden las aguas ser dispuestas para otros fines», afirmó cinco días después por televisión la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y agregó que el diferendo se manejaba «en instancias y canales diplomáticos no mediáticos».
