Vuelta a clases: Docentes autoconvocados presentaron un amplio petitorio al Ministerio de Educación

Docentes autoconvocados y representantes de estudiantes se concentraron frente al Ministerio de Educación de la provincia, donde entregaron un petitorio en el que detallan una serie de reclamos, en un contexto que califican como «gravísimo».

El anuncio del retorno a las clases presenciales potenció los reclamos que ya se venían planteando. Aseguran que no están garantizadas las condiciones de bioseguridad y denuncian que el gobierno provincial carga toda la responsabilidad sobre los docentes y las familias.

Los autoconvocados elaboraron además una serie de demandas para los sindicatos que los nuclean, ADEP en el caso de los primarios y Cedems en el de los secundarios. Exigen que se realicen asambleas para consensuar un plan de lucha unificado.

Andrés García, profesor del IES 10 de Fraile Pintado, dialogó con El Sumarino Radio (FM Conectar 91.5): «Traemos un pliego de reclamos para que escuchen a docentes y estudiantes. Hay preocupación por este anuncio que haría el gobierno de volver a las clases presenciales. Ya se abrieron las escuelas para atención al público y el gobierno no ha dado elementos, ni lavandina, ni hablar de termómetros, todo lo que se necesita par un protocolo serio», explicó.

El delegado mencionó la resolución ministerial 2110 «que dice específicamente que los responsables son los directivos, y para las familias es voluntario volver a clase, entonces si hay un contagio o algún problema, la responsabilidad va a ser de la familia».

«Estamos muy preocupados. Esta vuelta a clase es improvisada, sin  ningún tipo de preparación», sintetizó.

La cuestión de la conectividad para las clases virtuales es otro de los puntos centrales de los reclamos, porque el estado no garantizó dispositivos y conectividad gratuitos. «En la resolución 1891, que da los lineamientos para acreditar y evaluar, no se habla de los 41 mil chicos desconectados que la ministra Calsina decía que había en mayo. Nos preguntamos qué pasó con esos 41 mil chicos», señaló Andrés García.

«Acá no hay un problema de mérito o de voluntad subjetiva, hay un problema estructural. La brecha digital muestra una desigualdad social que se profundiza cada vez más», agregó.

A este aspecto se refirió también Elina Martínez, del área educativa de Barrios de Pie. «Nosotros acompañamos a las familias en los merenderos, y esos niños son los que viven la falta de internet. El gobierno no está contemplando la situación de las familias de los barrios más vulnerables», señaló.

«Venimos a apoyar a los docentes, que son los que sostuvieron todo este tiempo la educación virtual como pudieron, sin ninguna ayuda para los dispositivos tecnológicos que necesitan», agregó Martínez.

La situación laboral y salarial de la docencia es otro eje principal.  Por un lado, denuncian una sobreexplotación y flexibilización de los que están ocupados, pero por otro lado hay miles que están pidiendo que se abran cargos porque han quedado desocupados y no recibieron ningún subsidio, además de cientos en situación precaria porque han sido despedidos de los programas socioeducativos.

La plata

Por otra parte, desde el bloque de diputados provinciales de la izquierda se va a presentar en la Legislatura un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación. «Hay puntos que no están claros», afirmó Andrés García, y detalló: «En el presupuesto que se votó en 2019 para este año hay 210 millones para el abono docente, que no se usaron; hay más de 800 millones para nutrición, y no sabemos qué pasó con eso; hay previstos 50 millones para obras de infraestructura que no se hicieron».

A esto se suma la cuestión salarial, ya que en presupueste preveía una recomposición para estatales de entre el 30 y el 34 por ciento para este año, que no se cumplió.

El petitorio

PETITORIO DE LA ASAMBLEA DE DOCENTES, FAMILIAS Y ESTUDIANTES

La situación de la Educación en la provincia de Jujuy es gravísima, los docentes nos encontramos atosigados de resoluciones que pretenden forzar la implementación de un marco académico que representa cambios sustanciales en la dinámica de funcionamiento de las escuelas. Esto en un cotidiano signado por una inflación creciente, desocupación, precarización laboral, ola de femicidios, alta tasa de mortalidad por COVID, incendios forestales, salarios en baja, represión de protestas sociales.

Los reclamos de personal de salud, organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular, conductores de empresas de colectivos, trabajadores azucareros, lucha por vivienda, por territorios comunitarios, etc. son cotidianos y constantes. En este contexto en el que unos 45 colegas fallecieron por COVID se ejerce una presión constante sobre la docencia que ya roza la tortura.

En la última semana los docentes:

    • Tomamos exámenes virtuales pero previamente debíamos acreditar el dictado de tutorías de apoyo para el desarrollo de protocolos de lxs alumnxs por rendir.
    • Organizamos jornadas de prevención de violencia de género.
    • Desarrollamos proyectos interdisciplinarios para generar estrategias de recuperación de estudiantes que tuvieron escasa conectividad.
    • Continuamos atendiendo consultas fuera de horario de clase por si algún estudiante logró conectarse a horas impensables: 24,00 hs. por ej.

Se suma a esta maratón la participación en carácter obligatorio, en nivel secundario, de los CPC, Concejos de Profesores por Curso que implican participar de reuniones diarias de dos a tres horas por cada sesión a los fines de definir la acreditación y promoción de lxs estudiantes en riesgo.

A toda esta vorágine de tareas las declaraciones de la Ministra Calsina y el Gobernador Morales generan preocupación por el anuncio de la pronta vuelta a clase en próximos días a los fines de EVALUAR a quienes asistan de manera «voluntaria» a las escuelas.

Personal directivo y administrativo viene denunciando que la provisión de elementos de salubridad es escasa y en una institución ya se presentó un caso de COVID.

El aumento salarial es una quimera y cada vez es más nítida la sensación de que el sistema educativo se cierne sobre cabeza, hombro, ojos y cervicales de los docentes.

En algunas instituciones las arbitrariedades están a la orden del día: persecución y amedrentamiento a delegadxs que osaron hacer una reunión fuera de horario escolar para analizar las condiciones edilicias y sanitarias de la institución (Dirección Bachillerato N° 2), solicitud de dictar clase, asistir a jornada y entregar minuciosos informes que siguen informando lo mismo: existen porcentajes muy altos de desconexión causados por carencia de equipos tecnológicos, imposibilidad económica de cargar datos, ausencia de conectividad en zonas rurales, dedicación de lxs jóvenes a tareas domésticas, trabajo en construcción, agricultura, etc.

La educación en Jujuy hoy no es pública, no es gratuita, no es universal, está restringida a un sector de la población escolar que con mucho esfuerzo de sus familias sostienen la comunicación remota. En la forma que se pretende darle cierre al ciclo lectivo la responsabilidad se cierne sólo en los/las docentes.

Por todo lo expuesto solicitamos:

    1. No al retorno de las clases presenciales, si no garantizan los elementos y las condiciones de bioseguridad en las escuelas. Así como la capacitación en aplicación de protocolos y asistencia con profesionales de salud mental que atiendan las ansiedades propias del regreso. La vida de los estudiantes, trabajadores de la Educación, y familias importan, que el Estado nacional y provincial garanticen todos los elementos de bioseguridad en las escuelas, para trabajadores de la educación y estudiantes, sin esta condición No puede haber vuelta a clases presenciales.
    2. Garantía de Educación Pública y gratuita para todos los estudiantes que no pudieron acceder a la Educación por impedimentos sin ningún ánimo de resolución de parte de este Gobierno.
    3. Paritarias, aumento salarial, plus por conectividad.
    4. Rechazo de las Resoluciones 1891, 2110 y 1055 por vulnerar derechos de docentes y estudiantes.
    5. Destinar efectivamente presupuesto etiquetado para la educación pública. Tratamiento de recomposición salarial en paritarias, en las que se reciban a delegados/as elegidos por las bases. Plus o bono compensatorio por gastos en internet y dispositivos. Respeto a las condiciones de trabajo: conectividad gratuita para garantizar el acceso de docentes y estudiantes. Pago de complementarias. Que se garantice la provisión de los abonos. No a la precarización del trabajo docente: Reincorporación de docentes despedidos de los programas socio-educativos.
    6. Acceso a subsidios a los docentes sin cargos.
    7. Reclamo por las clases virtuales, las tutorías y toma de exámenes al mismo tiempo, que constituyen una sobre- explotación del docente.
    8. Empleo en blanco y con plenos derechos a docentes desocupados/as (por orden de puntaje) para establecer tutorías o apoyo a los estudiantes que lo necesiten.
    9. Que el Gobierno garantice la ejecución de un plan de infraestructura escolar. Plata para educación, no para el FMI.
    10. Derogación de la ley 6118: participación docente democrática en Junta de Clasificación.
    11. Funcionamiento de la Junta de manera que respete la trayectoria profesional docente.
    12. Repudio a la Persecución de las delegadas y docentes del Bachillerato N° 2 por parte de su directiva.
    13. Que se garantice la provisión de abonos y viajes especiales para las escuelas rurales.
    14. Que se cumpla la resolución del Consejo Federal de Educación por la cual ningún estudiante puede repetir el ciclo 2020. No queremos lineamientos de evaluación excluyentes. Ningún estudiante debe perder el año.
    15. Que los estudiantes sean escuchados e incorporados a los CPC.
    16. Mayor presupuesto destinado a las Modalidades de la Educación, para garantizar la capacitación y creación de cargos. Concursos y nombramientos transparentes acordes al Estatuto Docente.
    17. Aplicación efectiva de la ESI en las escuelas.
    18. Solicitamos también el efectivo cumplimiento de la Ley Micaela, en particular en el Ministerio de Educación y todo el sistema educativo jujeño.
    19. Garantía de vivienda para la población sin techo, respeto por los territorios comunitarios. Acceso a la vivienda para las familias del asentamiento de Ledesma, con quienes nos solidarizamos con una campaña de alimentos y ropa. No a los desalojos.

Finalmente expresamos el repudio a la represión de la comunidad Tusca Pacha, que viene reclamando el derecho a su territorios en la ciudad de Palpalá.

¿Qué opinás?

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

x

Check Also

Cangregillos y Oratorio tendrán nuevos edificios escolares por el plan Promace

El gobierno firma acta de inicio de obras para la construcción del nuevo edificio del Colegio Secundario N° 55 de Oratorio, ...