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Alejandro Madrid, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, decretó el procesamiento de dos ex uniformados por el homicidio de dos reos de la ex Cárcel Pública y por el homicidio frustrado de otros cinco internos, inoculados con la toxina botulínica en 1981, en el marco de una causa ligada al proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei.
A los imputados, el médico Eduardo Arriagada Rehren y el veterinario Sergio Rosende Ollarzú, se suman otros dos procesados en calidad de cómplices, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo. Los cuatro poseían rango militar en aquella época.
El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 1981 en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, más conocida como la ex Cárcel Pública: ese día, un grupo de internos de la Galería número 2 presentó molestias de salud y fueron trasladados hasta la enfermería del penal.
Las víctimas consumieron alimentos contaminados con la toxina, resultando fallecidos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz.
En tanto, lograron sobrevivir Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, refirió el diario El Mercurio.
En aquella oportunidad, los médicos a cargo de los internos les diagnosticaron «gastritis aguda».
«Sin embargo, consta de los antecedentes que ese día los familiares de los internos enfermos, especialmente los de los hermanos Aguilera Morales, al enterarse de la gravedad de las dolencias solicitaron, a través de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, que un médico particular concurriera a la cárcel, petición que fue negada por el Alcaide del recinto, Sr. Ronald Bennet», precisa la causa.
Y agrega: «Los hechos descriptos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que con la finalidad de proceder a la eliminación física de opositores al régimen militar se realizó una operación especial de inteligencia, que habría culminado con el fallecimiento de los internos».
Ante los antecedentes recabados, el juez Madrid ordenó la prisión preventiva de los inculpados, quienes permanecerán en el Batallón de Policía Militar N°1 del Ejército, dado que todos tienen rango militar.
