El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Referentes de organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas presentaron este martes un petitorio al Concejo Deliberante de la capital provincial para que el cuerpo de concejales se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución puesta en vigencia en la provincia el 20 de junio pasado.
Los referentes también solicitaron hacer uso de la Banca 13 para argumentar su rechazo de los 66 artículos modificados en la Carta Magna jujeña.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el concejal Agustín Flores (OLA-Frente de Todos), explicó que el parlamento comunal estaba avanzando con un proyecto de reforma de la Carta Orgánica municipal para adecuarla a la nueva Constitución. «La Multisectorial quiere una audiencia todo el cuerpo para manifestar su posición y el rechazo a esa iniciativa, con el asidero legal de que hay una denuncia en la Corte Suprema, que tendrá que evaluar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad» de la nueva Carta Magna provincial.
«Mientras tanto, parece totalmente irresponsable y fuera de lugar que el cuerpo legislativo de la capital esté discutiendo un proyecto sin esperar a que se expida la Corte», agregó, y adelantó que van a convocar la participación ciudadana «porque es extraño que un proyecto de tamaña relevancia no haya sido difundido en el momento en que se presentó, sino que se hizo prácticamente a oscuras, pretendiendo ocultar e impedir el debate y la participación de todos los actores que debieran estar».
Flores elaboró el proyecto de repudio a la nueva Constitución en conjunto con su par Lorena Alfaro. «Convocamos a todas las fuerzas vivas, porque ya tomando estado parlamentario, el proyecto pasa a ser de orden público», señaló el concejal.
Además de la convocatoria a la Multisectorial Contra la Reforma, van a invitar a centros vecinales, clubes de barrio y sectores de la iglesia, entre otros, «para que tengan conocimiento de la magnitud y la relevancia de este proyecto que presentó el oficialismo».
Si bien la perspectiva es adversa, pues el oficialismo tiene mayoría, Flores consideró que «debemos dar la discusión, porque es nuestra responsabilidad sentar una posición, entendiendo lo peligrosa que es la Constitución aprobada por Gerardo Morales y los convencionales».
«Claramente, más allá de todo lo que es de público conocimiento, la represión y las persecuciones, lo más peligroso es que esta Constitución claramente incurre en el delito de sedición, de partición de nuestro suelo nacional. Por eso, no es solamente un problema de los jujeños sino de todas las provincias -advirtió el concejal-. Debiéramos denunciarlo todos los patriotas, entendiendo que Gerardo Morales ha presentado un proyecto para lotear Jujuy y entregársela a las corporaciones».
De la presentación del petitorio participaron sindicatos municipales, de docentes, organismos de derechos humanos, referentes de agrupaciones campesinas y tradicionalistas, además de organizaciones sociales, entre otras.
«Entendemos que los representantes del pueblo se tienen que declarar en contra de la reforma inconstitucional en consonancia como se viene haciendo en distintos pueblos de la provincia», señaló a la agencia Télam Néstor Jerez, representante de la comunidad indígena de Ocloyas.
«Con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución se pretende avanzar con los cambios de las cartas orgánicas de los municipios y ello implica una sedición porque se está avanzando sobre una reforma inconstitucional y violatoria de derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales», advirtió Jerez.
Para el representante de Ocloyas, los ediles de San Salvador «tienen que hacer la lectura de lo que está pidiendo el pueblo en las calles de manera pacífica», dijo, y recordó que el cuerpo legislativo de la capital cuenta con mayoría de representantes del Frente Cambia Jujuy, el oficialismo que encabeza el gobernador Gerardo Morales.
La reforma, siguió Jerez, es «totalmente cuestionada porque afecta los derechos de los pueblos originarios, permite que el Gobierno tome el control de los recursos naturales, el agua y eso no lo podemos permitir».
